El general retirado de la Policía Nacional Miguel Alfredo Maza Márquez fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que rinda su versión por los crímenes contra miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP) cometidos a partir de la segunda mitad de la década del 80, período en el que fue director de la policía secreta colombiana.

La citación a Maza, que dirigió entre 1985 y 1991 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta), la hizo la Sala de Reconocimiento de la JEP como parte del "Caso 06", enfocado en la "victimización de miembros de la Unión Patriótica", partido que sufrió el exterminio de más de 4.000 de sus militantes, entre ellos dos de sus candidatos presidenciales.

En la audiencia, que tendrá lugar el próximo 26 de marzo, el general retirado, que ya fue condenado como coautor del asesinato en 1989 del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, deberá dar la versión de "su posible participación en crímenes cometidos contra miembros del partido Unión Patriótica".

"En su plan de contribución a la verdad ante la JEP, el general (r) Maza Márquez prometió, entre otros asuntos, ofrecer información sobre la posible infiltración del DAS por organizaciones criminales", señaló el tribunal en un comunicado.

Crímenes de agentes del Estado 

Este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno con la entonces guerrilla de las FARC, dijo que Maza también habló de la "relación entre el estamento militar y los grupos paramilitares", que sirvió de plataforma no sólo para el magnicidio de Galán "sino también para la comisión de auténticos crímenes contra la humanidad, como el genocidio de la UP".

La JEP explicó que llamó a Maza Márquez a dar su versión del exterminio de la UP porque "fue mencionado en los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica, y en los informes presentados por las víctimas, y luego de recaudar numerosas pruebas y decisiones judiciales de la justicia ordinaria".

La JEP añadió que "una de las piezas centrales tenidas en cuenta (...) fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Galán, en la que el alto tribunal condenó al general (r) Maza Márquez no sólo como coautor de dicho magnicidio sino también como autor del delito de concierto para delinquir agravado" por promover a las paramilitares autodefensas del Magdalena Medio.

"Es importante tener en cuenta que, como ha sido probado en la justicia ordinaria, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la Unión Patriótica", agregó la JEP.

La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes ese partido fue víctima de un genocidio que costó la vida incluso a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990).

Por ese genocidio, en marzo de 2020 la JEP acreditó a la UP como víctima de crímenes de agentes del Estado, entre otras cosas porque el DAS, que dirigía Maza Márquez, y ahora desmantelado, era responsable de la seguridad y escolta de los políticos y militantes asesinados.

Asesinatos en la inmunidad

Entre los asesinatos que la JEP busca esclarecer están, además de los de Pardo Leal y Jaramillo Ossa, los de otros dirigentes nacionales y regionales de la UP, como José Antequera, Teófilo Forero, Diana Stella Cardona y Gabriel Jaime Santamaría.

La JEP abrió el "Caso 06" del genocidio contra la UP el 26 de febrero de 2019 y a la fecha han sido acreditadas en el proceso 109 víctimas individuales, además del partido político como sujeto colectivo.

En enero de 2020 la Sección de Apelación de la JEP rechazó la solicitud de sometimiento a su jurisdicción de Maza Márquez y del exsenador Alberto Santofimio, ambos detenidos, por el magnicidio de Galán Sarmiento al considerar que cuando la Corte Suprema los juzgó consideró que el asesinato del político liberal se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado. 

EFE